El costo de construir el Puerto de La Unión Centroamericana superó los $200 millones. /DEM


Una vez que se tome la decisión final en torno al nuevo mecanismo para operativizar el Puerto de La Unión Centroamericana, el Gobierno solicitará formalmente a la Asamblea Legislativa que derogue la actual Ley de Concesión que norma las condiciones en las que se esperaba entregar la administración de operaciones de este puerto, indicó ayer el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas.

En el marco del segundo aniversario de la actual gestión de Gobierno que se conmemoró este miércoles, el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, afirmó que ya se contaba con una decisión para promover una especie de Ley de Servicios Portuarios que permitiese arrendar las instalaciones del puerto, ubicado en la zona oriental del país y que desde su inauguración en 2010, carece de un operador. El titular de CEPA ofreció ayer algunos detalles adicionales de la propuesta.

“Es un decreto especial de servicios integrales portuarios en la que permite prestar parcialmente algunos servicios que sean requeridos por cualquiera de los puertos. Éste es un marco legal completamente diferente que no obliga a una concesión específicamente, de hecho exige que haya una derogatoria de la Ley de Concesión del Puerto de La Unión”, explicó.

Vanegas confirmó que la opción de ofrecer servicios portuarios como el desmontaje, administración de equipo, remolcadores o el uso de instalaciones como el patio de contenedores, forma parte de las sugerencias que han realizado las empresas interesadas aún en la posibilidad de invertir en esta infraestructura portuaria, lo cual, dijo, no reñirá con el objetivo inicial de manejo de contenedores con el que fue concebido el puerto.

“Además de ser un puerto especializado de contenedores, tiene un muelle multipropósito y tiene un muelle Ro Ro, o sea, que tiene esa gama”, mencionó.

Las exigencias impuestas en la actual Ley de Concesión del puerto constituyen, según los voceros del Gobierno, algunas de las trabas que identifican las empresas para invertir en este lugar, pues se exige el manejo de una cuota definida de carga y el pago de una cuota inicial, pese a que el puerto posee “deficiencias de origen” como la falta de carga en la zona oriental salvadoreña y un alto azolvamiento del canal de acceso a esta terminal.

Durante una entrevista televisiva, Lorenzana reiteró ayer que mediante esta opción, se prevé que gradualmente la actividad económica se movilice hacia este sector del país, aunque inicialmente, no en los parámetros establecidos por la ley que busca derogarse.

OTRAS OPCIONES

El presidente de CEPA aseguró que, aunque este decreto de servicios portuarios es una de las posibilidades que se estudian, no es la única vía a considerar, pues aún no se ha descartado del todo la idea de estructurar un Asocio Público- Privado (APP).

Pese a que no se comprometió con un período específico de tiempo, el funcionario dijo que posiblemente en los próximos dos meses exista una decisión final en torno al tema, pues el camino a seguir también tomará en cuenta factores como el interés real de las empresas y el compromiso de las mismas para participar, en caso de promoverse otro mecanismo.

“Viene toda una conversación con la Asamblea Legislativa, todos los partidos, no es fácil y va a depender de la Asamblea. En cualquier escenario tiene que derogarse la Ley de Concesión, cuando se presente una propuesta de decreto, si se va a hacer esa solicitud, tenemos que tener algo antes para solicitar la derogatoria”, recalcó.

Vanegas aseguró además que en el proceso de diálogo que mantienen con las empresas aún se mantienen dos de las precalificadas desde 2013 para presentar sus ofertas en la licitación de esta terminal que fue declarada desierta en mayo de 2015, mientras que el resto son nuevos y potenciales inversionistas interesados en el proyecto.

$10 Millones

Aunque no cuenta con un operador, cada año se destinan $10 millones al puerto. La mayoría, para pagar el préstamo con el que se construyó.

$30 Millones

La Ley de Concesión actual exige un plan de inversiones por al menos $30 millones en los primeros diez años.

6 Años

El Puerto de La Unión Centroamericana fue inaugurado hace seis años y a la fecha, sigue sin tener un operador.